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La página negra del Holocausto

La toma del Palacio de Justicia en 1985 fue uno de los episodios más escalofriantes de la convulsionada historia de Colombia.

Por Revista Semana


Fotografía: Archivo Semana

Exceso de fuerza

Si bien los guerrilleros del M-19 son los únicos culpables de la planeación y toma del Palacio de Justicia, la Comisión de la Verdad sobre estos hechos concluyó que la autoridad fue responsable del uso excesivo y desproporcionado de fuerza en la operación de retoma, en un afán por aniquilar al M-19, lo cual causó más víctimas y la destrucción del edificio.

Al mediodía todos entendían que se trataba de un suceso importante que ocuparía prolongados titulares en la prensa nacional. Pero la verdad es que ese 6 de noviembre de 1985 ninguno de los implicados imaginó que se estaba fracturando la historia contemporánea del país y menos que, 25 años después, los fantasmas del holocausto del Palacio de Justicia seguirían rondando a unos y otros. El funesto episodio fue responsabilidad directa del M-19. Lo desencadenó un comando especial de esa guerrilla –35 subversivos rigurosamente entrenados–, que irrumpió a sangre y fuego en el máximo claustro de la justicia a las 11:30 de aquella mañana. Ingresaron a punta de bala por los parqueaderos de la carrera octava que conducen a los sótanos del Palacio. Se movilizaban en un par de vehículos robados que habían cargado con todo el arsenal necesario para tomar violentamente el control del edificio.

Una vez adentro, comandados por Andrés Almarales y Luis Otero, el grupo guerrillero se desplegó y empezó a copar posiciones estratégicas. Aseguraron todos los accesos y procedieron a ubicar entre centenares de personas que se hallaban en el Palacio de Justicia a los magistrados, les interesaban principalmente los de la Corte Suprema de Justicia. A través de la amenaza sobre los retenidos, el M-19 quería exigir la presencia del presidente de la República, Belisario Betancur, para hacerle un juicio político. Solo ellos creían viable semejante despropósito.

Afuera, en la Plaza de Bolívar, el Ejército y los demás organismos de seguridad del Estado emprendieron, casi simultáneamente, una compleja operación de contratoma que en realidad había empezado antes, como se vino a saber posteriormente. El Ejército tenía información de que el M-19 irrumpiría en el Palacio, por lo que se organizó para prevenir la acción terrorista y dispuso una encerrona en toda la edificación.

Así lo evidenció el monumental despliegue de vehículos y efectivos que se hallaban apostados a los pocos minutos por todos los costados del Palacio de Justicia, incluso por el aire: varios agentes descendieron con sogas desde helicópteros hasta la terraza del edificio para intentar ingresar por los conductos de aire y luz.

“¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!”

Coronel Alfonso Plazas Vega

Fue el choque sangriento de dos realidades militares y políticas opuestas e irreconciliables. El grupo guerrillero creía que estaba sorprendiendo al país y a la fuerza pública con otra acción espectacular y que el descabellado juicio al presidente Betancur era factible. El Ejército, por su parte, lo estaba esperando y consideraba que se hallaba frente a una oportunidad de oro para asestarle un golpe contundente al M-19 y ganar los favores de la opinión pública al aparecer valerosamente. “¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!”, fue la frase con la que el coronel Alfonso Plazas Vega anunció la contratoma. Luego, no se escuchó ni su voz, ni nada más allá de las detonaciones incesantes, pues el gobierno intentó desviar la atención del hecho. En la televisión, por ejemplo, se emitió un partido de fútbol mientras que el país sufría la hecatombe.

En medio de ese pulso siniestro entre el Ejército y la guerrilla quedaron decenas de magistrados y un centenar de empleados y visitantes, que conocieron el horror cuando las fuerzas chocaron y el claustro de la justicia se volvió una caja de muerte en la que tiros y detonaciones iban y venían a diestra y siniestra. Nadie atendió las plegarias de los rehenes que lograron comunicarse con el exterior clamando que cesara el fuego. La más sentida fue la del magistrado Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya voz se escuchó en emisoras radiales: “Por favor, que nos ayuden, que cese el fuego por parte de las autoridades. La situación es dramática. Estamos aquí rodeados de personal del M-19”.

Cientos de vidas se salvaron cuando el Ejército doblegó al M-19 en el primer piso y logró liberar al grueso de los rehenes allí confinados. La guerrilla se tuvo que replegar hacia los pisos superiores. Sin embargo, para una veintena de liberados la tragedia apenas comenzaba. Gente que salió con vida en ese momento y que fue conducida por la fuerza pública hacia el museo Casa del Florero, luego apareció muerta dentro del Palacio de Justicia. El grupo de los llamados empleados de la cafetería (11 trabajadores que el Ejército creía simpatizantes del M-19) simplemente desapareció y hasta hoy no se sabe cuál fue su suerte. De varios de esos muertos y desaparecidos hay videos que registran su salida a manos del Ejército.

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Máquina de escribir de José Antonio Salazar Cruz
Evacuación de herido
El palacio en llamas
Evacuación de sobrevivientes
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  • Máquina de escribir de José Antonio Salazar Cruz

    Foto: Guillermo Torres. Semana

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    Archivo Semana

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Más tarde, ya entrada la noche, el Palacio de Justicia dejó de ser un campo de batalla para ser un auténtico infierno con la propagación de un colosal incendio que fundió cristales y carbonizó cuerpos. Los hechos fácticos culminaron 28 horas después con un balance escalofriante: cerca de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados cuya muerte dejó sin cabeza a la rama judicial; una decena de civiles desaparecidos; 11 soldados y 33 guerrilleros muertos. Y el monumental edificio en ruinas.

Los desaparecidos

Los rehenes rescatados del Palacio eran trasladados por el Ejército a la Casa Museo del 20 de julio para ser interrogados, donde algunos fueron torturados. Además, 12 personas sospechosas de ser guerrilleras, fueron conducidas a la Escuela de Caballería del Cantón Norte, y hasta hoy se desconoce su paradero.

El Palacio tuvo que ser demolido y, años después, en su lugar fue construido uno nuevo, bautizado Alfonso Reyes Echandía, en memoria del desaparecido jurista.

En términos políticos el holocausto del Palacio de Justicia produjo múltiples efectos que aún no cesan. El M-19, que era una guerrilla urbana progresista con niveles de aceptación entre la opinión pública en los años 80, perdió a varios de sus cuadros más destacados y quedó sepultada políticamente al protagonizar uno de los actos terroristas más brutales de la historia de Colombia. Aunque sus militantes pactaron la paz y recibieron un indulto, los ex militantes del grupo con aspiraciones políticas (como Antonio Navarro Wolf y Gustavo Petro) siempre han visto afectados sus proyectos por haber hecho parte de esa guerrilla.

En la década de 1990 apareció una versión según la cual Pablo Escobar había financiado la toma, y de poco han servido los libros y publicaciones de Navarro y Petro para rechazar esa versión y divulgar su verdad sobre los hechos. Aún el país no ha logrado exorcizar a los fantasmas del Palacio. Por el contrario, cada cierto tiempo se abre el debate para anular el indulto al M-19.

La fuerza pública no solo está señalada socialmente por los excesos sino que está enjuiciada penalmente. Casi 25 años después de la toma, el coronel (r) Plazas Vega fue condenado, en junio de 2010, a 30 años de cárcel por su responsabilidad en la desaparición de los empleados de la cafetería. Otros cuatro militares de alto rango, incluido un general, están igualmente procesados y acusados. En el terreno de la memoria histórica una Comisión de la Verdad creada en 2006 para esclarecer los hechos concluyó que “los magistrados Alfonso Reyes Echandía, Ricardo Medina Moyano y José Eduardo Gnecco Correa mostraron en sus restos mortales proyectiles de armas que no usó la guerrilla”.

Por otra parte, hay la interpretación de que entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en el gobierno del presidente Belisario Betancur (1982-1986) se abrió un paréntesis, un vacío de poder en el que los militares se impusieron con las consecuencias mencionadas. Durante todos estos años, Betancur ha guardado prudente silencio y apenas se ha limitado a anunciar que tiene escrito un libro con toda su verdad sobre el episodio, el cual será publicado cuando él muera. Ese día se conocerá una nueva versión del holocausto del Palacio de Justicia.

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