Violencia de derecha

El paramilitarismo surgió como reacción de terratenientes y empresarios contra la guerrilla insurgente, y se convirtió, con la influencia de los narcotraficantes, en uno de los peores flagelos del siglo XX.

Por Editorial
Bicentenario


Fotografía: Agencia AFP

El clan de los Castaño

Desde finales de los años 80, los hermanos Fidel, Carlos (en la foto) y Vicente lideraron grupos paramilitares en Urabá y Córdoba, desde donde extendieron su accionar sangriento y sus crímenes como masacres, asesinatos, secuestros, desaparición forzada y torturas a varias regiones del país.

Los antecedentes remotos del fenómeno paramilitar en Colombia provienen de la década de 1960, como consecuencia de la Doctrina de Seguridad Nacional impuesta por Estados Unidos para frenar el avance del comunismo en América Latina. Colombia fue uno de los escenarios cruciales de ese esfuerzo continental desde que surgieron las Farc y el ELN en 1964, el EPL en 1968 y el M-19 en 1973.

En cierta medida, el paramilitarismo en Colombia tuvo desde la década del 60 un marco jurídico para legalizar su existencia y, al mismo tiempo, desplegar las estrategias contrainsurgentes desarrolladas por las fuerzas especiales de Estados Unidos. Así, por ejemplo, en el Manual de Operaciones de Contrainsurgencia del ejército norteamericano, el general Yarborough definía los mecanismos y estrategias que debían adoptar las fuerzas armadas para combatir las guerrillas de las Farc y el ELN. Allí aparecía una propuesta con el fin de organizar en Colombia “fuerzas irregulares locales”, para lo cual era necesario “hacer un esfuerzo concentrado en el país para seleccionar personal civil y militar a ser capacitado en operaciones clandestinas de resistencia”.

En el marco de esa estrategia, el gobierno nacional expidió el Decreto 3398 de 1965, base de la posterior Ley 48 de 1968 por medio de la cual se daba fundamento legal a la organización de la “defensa nacional”, la “defensa civil” y la promoción para la organización de las “autodefensas”. Bajo el amparo de dichas normas, miembros de la fuerza pública, con el apoyo de terratenientes y caciques regionales, entrenaron, armaron y adoctrinaron a los habitantes de las zonas de conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población civil en la guerra y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.

La masacre de la Rochela En enero de 1989, 13 miembros de una comisión judicial que viajaba desde Bogotá para investigar otra masacre en la zona fueron asesinados en la carretera cercana a la vereda La Rochela (Santander) por grupos paramilitares, con la anuencia de militares y políticos.

Durante el gobierno de Julio César Turbay fue expedido el Estatuto de Seguridad, y algunos miembros de los organismos armados del Estado conformaron escuadrones de la muerte. Todo aquel que tuviera signos de simpatía ideológica o militara en organizaciones sindicales, estudiantiles, de campesinos, o simplemente, debatiera el orden político imperante era declarado objetivo militar por estos asesinos. Es evidente cómo en esta década los movimientos sociales y sus expresiones de lucha decrecieron significativamente gracias a la aplicación de esa doctrina.

La década de 1980 tendría un nuevo ingrediente en la historia del paramilitarismo: la macabra alianza de narcotraficantes, terratenientes, comerciantes y militares de las zonas con presencia guerrillera. Los primeros querían ocupar tierras para lavar sus dineros mal habidos, los políticos regionales representaban a los grandes latifundistas que no querían perder sus tierras y los miembros de las Fuerzas Armadas buscaban sus propios fines por fuera de la institucionalidad. Y esa convergencia permitió el nacimiento de algunos movimientos que legitimaron el accionar paramilitar y ayudaron a consolidar estos grupos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y, posteriormente, en Antioquia. Fue el caso de la Asociación Campesina de Ganaderos y Agricultores (Acdegam), fundada en 1982, que tenía en la Cámara de Representantes al liberal Pablo Emilio Guarín Vera, oriundo de Puerto Boyacá. De esta manera, el municipio se convirtió en el modelo del accionar paramilitar en Colombia. Tanto, que sus dirigentes la llamaban “capital antisubversiva de Colombia”.

En el marco del proceso de Justicia y Paz, la Fiscalía tiene registradas 278.334 víctimas de los paramilitares y en las versiones libres se han declarado 25.000 homicidios.

Otra vertiente del paramilitarismo se dio en los años 80, cuando un comando del M-19 secuestró a María Nieves, hermana menor del clan de los Ochoa. Exasperados por las amenazas a sus familias, los narcotraficantes más poderosos acordaron mantener una estructura paramilitar llamada Muerte a Secuestradores (MAS). Dotado de hombres, equipos y logística, el MAS no se limitó a perseguir a los autores de secuestros, pues se enfiló también contra las guerrillas comunistas y todos aquellos que de alguna manera tuvieran nexos con tales grupos. Los métodos del accionar paramilitar fueron refinados por mercenarios norteamericanos e israelíes que entrenaron a las “tropas” (en realidad no eran más que sicarios callejeros) en tácticas de combate, tortura y asesinato.

Algunos jefes paramilitares

El 28 de julio de 2004, en un hecho sin precedentes, los cabecillas paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Baez y Ramón Isaza llegaron al Congreso de la República, el recinto sagrado de las leyes, para reivindicar y justificar la aparición y accionar de esas bandas criminales. Mancuso había sorprendido al país al declarar que el 35 por ciento del Congreso elegido en 2002 había recibido la ayuda de las AUC, afirmación que después se quedaría corta. También hablaron Isaza alias ‘el Viejo’, quien organizó las primeras Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm) en 1978, e Iván Roberto Duque alias ‘Ernesto Báez’, quien lideró el Bloque Central Bolívar que llegó a tener 5.500 hombres y 29 frentes en 10 departamentos. El hecho evidenció la complicidad entre un sector de la clase política con estos grupos violentos, lo cual vino a comprobarse con la captura de ‘Don Antonio’, un subalterno de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, quien tenía en su poder un computador portátil con información de políticos, miembros de la fuerza pública y comerciantes. Esto daría comienzo al proceso conocido como la parapolítica.

Revista Semana. Foto: Guillermo Torres.

Los últimos cinco años de la década de 1980 fueron especialmente aciagos por el accionar del paramilitarismo en el país. La apertura democrática de la Presidencia de Belisario Betancur, reflejada en la aparición de la Unión Patriótica (brazo político legal de las Farc), fracasó muy pronto por la intensificación del accionar paramilitar. Luego del éxito electoral de la UP, sus miembros fueron asesinados uno por uno. El horror se intensificó cuando a partir de 1988 se presentaron las peores masacres de campesinos y trabajadores de fincas en Urabá (La Negra y La Honduras) y en el departamento de Córdoba (El Volador, La Mejor Esquina, El Tomate, entre otras).

En la década de los 90, el gobierno de César Gaviria expidió el Decreto-Ley 356 de 1994, por el cual se expedía el “estatuto de vigilancia y seguridad privada”, que permitió crear las Cooperativas de Seguridad Privada (Convivir), localizadas especialmente en la zona del Urabá y en el oriente antioqueño y que en algunas ocasiones sirvieron como fachadas legales de grupos paramilitares.

En 1997, la Corte Constitucional declaró contraria a la Carta Política esa norma y se inició el desmonte de las Convivir, pero en el mismo año aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), comandadas por Carlos Castaño Gil. Esa organización reunía en un mando único a un buen número de grupos paramilitares y se financiaba en su mayor parte con dineros del narcotráfico. Con esa unión los ‘paras’ se fortalecieron en Córdoba y Urabá e iniciaron la expansión por otras regiones del país como los Llanos Orientales y territorios que eran baluartes de la guerrilla, como Barrancabermeja. En ese proceso se aliaron con miembros de las Fuerzas Armadas y causaron la muerte y desaparición de miles de personas, mientras creaban uno de los ciclos de desplazamiento humano y violencia más dramáticos de la historia del país.

Durante esos años, regiones enteras quedaron a merced de la barbarie de ‘Jorge 40’, ‘Arcángel’, ‘el Pulpo’, sangrientos personajes que asesinaban a cualquiera por la menor sospecha de favorecer a la guerrilla, e impusieron a sangre y fuego sus reglas y caprichos. Y, lo más grave, por el camino realizaron a bala una contrarreforma agraria que extendió el latifundio y concentró aún más la propiedad de la tierra en pocas manos.

En 2003, las AUC firmaron el Acuerdo de Ralito, por el cual más de 13.000 hombres se desmovilizaron del paramilitarismo, y el presidente Álvaro Uribe declaró que el fenómeno había terminado. Sin embargo, el sometimiento de los máximos jefes del paramilitarismo a la Ley de Justicia y Paz no trajo consigo los resultados esperados. Al poco tiempo surgieron en distintas regiones del país nuevos grupos de paramilitares las Águilas Negras y otras bandas emergentes lo que demostró lo endeble y frágil del proceso llevado a cabo por el gobierno nacional. Y hasta el presente esa ley, dictada para cimentar un proceso que resarciera a las víctimas, no ha dejado de estar solo escrita en el papel.

Las masacres, los desplazamientos de campesinos y las amenazas a defensores de los derechos humanos, políticos y líderes comunitarios dejaron ver que en 2010 este fenómeno paraestatal no había desaparecido de la historia nacional. Su eliminación sigue siendo un reto para los futuros gobiernos del país.

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